El Real Decreto-ley del llamado escudo social que incluye, entre otras materias, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador tenga tres o más viviendas entra en vigor el jueves 5 de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este nuevo decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 3 de febrero después de que el 27 de enero el Congreso tumbara la convalidación de un único decreto en el que se incluían la subida de las pensiones y la prórroga del escudo social.
El decreto del llamado ‘escudo social’ deberá pasar por el Congreso para su convalidación, e incluye medidas en materia de vivienda, energética, de empleo, de carácter tributario y de financiación territorial. Pero, a diferencia del decreto de pensiones, no está tan claro que este escudo social vaya a ser convalidado en el Congreso.
El arco parlamentario se divide por las medidas antidesahucios
La decisión del Ejecutivo de sacar de la ecuación antidesahucios a los pequeños propietarios ha provocado críticas de toda índole. Dentro del espectro político, la postura más radical ha sido la de Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, ha mostrado su «asco absoluto» ante el pacto entre PSOE y PNV para evitar que los arrendadores que tengan una o dos viviendas se vean afectados por la nueva suspensión de los desahucios a los hogares vulnerables por impago del alquiler.
Mientras tanto, todo apunta a que el PP volverá a votar en contra y Junts solo ha confirmado que votará a favor del decreto que incluye la revalorización de las pensiones para este año, aunque no ha garantizado su respaldo a la prórroga de la moratoria antidesahucios. Los nacionalistas catalanes han expresado su voto negativo, por el momento, al considerar que no se protege de manera suficiente a los pequeños propietarios.
Por tanto, el texto no tiene garantizado a día de hoy el apoyo parlamentario necesario para que sea convalidado en un plazo máximo de 30 días.
Según el Gobierno, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional blindará a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a grandes tenedores.
No obstante, tras pactarlo con el PNV, el Gobierno ha introducido un cambio sustancial para que las personas propietarias de dos o menos viviendas con inquilinos declarados vulnerables no se vean afectadas por la suspensión de los desahucios, de forma que corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los arrendatarios.
Desde el partido nacionalista vasco han defendido su postura para reducir el decreto antidesahucios para los pequeños propietarios. «Tenemos que tener en cuenta que los pequeños propietarios muchas veces caen en situaciones de vulnerabilidad porque no se les paga la renta, y viven también de la compensación de esa pensión gracias a la renta por el alquiler de esa vivienda (…) Se ha intentado meter a todos los propietarios en el mismo saco, tanto a pequeños como a grandes propietarios, y no tienen la misma realidad y no sufren la misma realidad», ha afirmado la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, en TVE.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en declaraciones a la televisión pública, ha asegurado que los servicios sociales de las comunidades autónomas no pueden inhibirse y «deberán dar prioridad en la búsqueda de soluciones habitacionales de emergencia a aquellos inquilinos vulnerables que, por impago, vayan a ser desahuciados de pisos pertenecientes a pequeños propietarios con dos o menos viviendas». Sin embargo, esta medida de dar prioridad a estas familias no ha venido acompañada de más ayudas presupuestarias o legales para afrontar la llegada de la mayoría de los 60.000 desahucios paralizados hasta el momento.
La ministra también ha aprovechado para criticar a las formaciones que critican este decreto. «Aquí hay mucho también de narrativa que no se corresponde con la realidad y que genera miedo en esos propietarios que desean alquilar, pero que igual están conteniendo esas viviendas que necesitamos movilizar como consecuencia de ese miedo. A mi lo que me interesa es que la gente esté protegida, que las personas vulnerables lo estén, que podamos movilizar la máxima vivienda vacía en nuestro país para que siga habiendo un mercado del alquiler a disposición de la juventud», ha recalcado Rodríguez.
La ministra ha incididio en que Junts tendrá que explicar su voto en contra al escudo social, si finalmente muestra su negativa en el Congreso. «Desde luego es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones, pero no encuentro la diferencia en votar que no a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales y que ahora Junts les quiera decir que no las van a poder tener en su declaración de la renta. Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas», ha recalcado.
Qué es lo que dice el BOE
En concreto, el decreto establece que para que opere la suspensión, el inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Una vez que la Administración de Justicia dé traslado de dicha acreditación al propietario de la vivienda, éste tendrá 10 días para acreditar ante el Juzgado, que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica «o en riesgo de situarse en ella en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento, o bien que es titular de dos o menos viviendas».
El decreto establece que los procedimientos de desahucio o lanzamiento que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 continuarán suspendidos sin necesidad de una nueva solicitud.
Además, se continuará aportando desde el Gobierno financiación a las comunidades para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad. La norma mantiene sin cambios las compensaciones a los propietarios y arrendadores que se van afectados por la paralización de un desahucio.
En este sentido, el Ejecutivo ha reforzado las compensaciones para las personas propietarias, para lo que la semana pasada ya el Consejo de Ministros dotó con 300 millones el sistema de avales.
Otras medidas sociales del decreto
En materia energética, la norma prorroga el bono social energético y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre de 2026, así como la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031. En materia de empleo, se incluye la prórroga de prohibición despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
Además, se modifica el anexo de la ley del IVA en materia de hidrocarburos, se modifica en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y se aprueban los incentivos fiscales a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables.
También se recoge la exención en el IRPF a indemnizaciones por daños personales en incendios forestales, se incluye la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y se actualiza el régimen imputación de rentas inmobiliarias en IRPF.
El nuevo ‘escudo social’ también extiende las ayudas directas por la dana de Valencia y la exención en el IRPF e Impuesto de Sociedades de ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana por la dana.
En materia de financiación, se actualizan las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales, se aprueba el régimen de endeudamiento autonómico y la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
Además, se prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales y no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.
Los afectados por la ocupación critican equiparar a pequeños propietarios con grandes tenedores
Al margen de los partidos, también han llegado críticas desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), que ha publicado un comunicado en el que denuncia “las trampas del nuevo decreto del escudo social”.
La PAO valora muy positivamente el “trabajo de los grupos políticos para arrancar al Gobierno el compromiso de eximir a los pequeños propietarios del deber de mantener a ‘supuestas’ familias vulnerables en sus viviendas”, y recalca que “para miles de familias españolas, esa vivienda no representa un lujo ni un activo especulativo, sino que constituye el complemento imprescindible de una pensión mínima o parte del sustento diario de sus hogares”.
Sin embargo, incide, “el decreto vuelve a permitir que el Gobierno eluda su obligación en materia de vivienda y de atención a las familias vulnerables, derivando al propietario de más de tres viviendas la obligación de disponer de un recurso habitacional para las familias vulnerables”. Y lamenta que “el desarrollo del decreto equipara a un pequeño ahorrador con tres viviendas con los grandes fondos de inversión o entidades bancarias, incluyéndolos a todos en el mismo saco de “gran tenedor”, facilitando al Gobierno que puedan seguir disponiendo de sus viviendas para hacer la función social del escudo social”.
Las manifestaciones en contra de la PAO no acaban ahí. Su comunicado insiste en que el nuevo supuesto que ‘libra’ a los pequeños arrendadores de la paralización de desahucios y lanzamientos suscita “dudas muy razonables que impiden ver con optimismo la ejecución de la medida. Esto se debe a que el decreto parece incurrir en fórmulas del pasado que ya han demostrado ser ineficaces”. Por ejemplo, que la norma sigue estableciendo que corresponderá a los servicios sociales competentes el realojo de la persona vulnerable cuando esta resida en una vivienda de una persona con un máximo de dos propiedades.
Según la plataforma, “esta redacción es, en la práctica, una vía muerta ya que no hay vivienda pública disponible para estos realojos (existiendo incluso la posibilidad de que se rechace el recurso habitacional público por parte del interesado)”. Y teme que, “bajo la apariencia de una exención, el Gobierno siga bloqueando los lanzamientos de forma indirecta al no ofrecer una alternativa habitacional, perpetuando el problema y dejando de nuevo al propietario en un limbo legal y económico mientras la administración mira hacia otro lado”.
Además, lamenta que el Gobierno siga “sin plantear ni comprometerse a asumir su responsabilidad hacia todas las familias vulnerables, sin proponer una solución integral para evitar seguir cargando a propietarios de tres viviendas o más la responsabilidad de ofrecer su recurso habitacional para los vulnerables”.
Por otro lado, y aunque la nueva moratoria antidesahucios extiende la posibilidad de que los propietarios soliciten una compensación económica hasta el 31 de enero de 2027, la PAO recalca que “el sistema de compensaciones económicas no ha sido, ni será jamás, una herramienta eficaz ni suficiente para paliar este atropello. Los procesos para solicitarlas son farragosos, lentos y no garantizan el pago de las compensaciones, bien por trabas administrativas o, en muchos casos, por falta de recursos económicos, dejando a los afectados sin rentas y con gastos de suministros y mantenimiento inasumibles”.
Para la asociación, otro error que comete la normativa es que no distingue “entre quien sufre un revés sobrevenido y quien utiliza la ‘vulnerabilidad fingida’ como estrategia premeditada, el decreto seguirá generando un ‘efecto llamada’”, por lo que “no proporcionará seguridad jurídica, tan necesaria para el mercado del alquiler, y derivará el problema de la inquiocupación a tenedores de más de dos viviendas con la misma impunidad como lo ha venido haciendo desde el año 2020 el decreto original”.
Por último, la PAO señala que “la solución no pasa por compensar con dinero público el uso forzoso de una propiedad privada, sino porque el Gobierno asuma de una vez por todas su derecho y deber constitucional de proteger a las familias vulnerables con sus propios recursos y viviendas”.
Los juzgados se saturarán más aun con los desahucios bloqueados, según OESA
El Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) ha advertido de la dificultad que se va a generar en la justicia española con la llegada de la mayoría de los 60.000 desahucios paralizados por el escudo social en estos seis últimos años, ya que la mayor parte de ellos pertenece a propietarios de una o dos viviendas.
“Los tiempos de desahucio han ido aumentando en los últimos años en España hasta llegar a medias de entre 15 y hasta 18 meses. Situación de colapso que puede agravarse de nuevo con la activación de los desahucios de la pandemia, llegando hasta medias de dos años”, destacan desde la asociación.
El presidente de OESA, Javier Íscar de Hoyos, pide a los organismos públicos la creación de Juzgados especializados en Vivienda en las grandes ciudades, fundamentalmente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga.
“En la medida que el problema de la vivienda es considerado como la principal preocupación en nuestro país, es coherente darle un tratamiento judicial especializado y, por supuesto, ágil. La creación de dichos Juzgados especializados es una exigencia para empezar a solucionar los problemas de la vivienda en España. Sería la mejor solución de la inseguridad jurídica en el alquiler de la que tanto se queja el sector”, destaca el presidente de OESA.
FUENTE: IDEALISTA.COM