Esta normativa se convierte en la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda, desde la aprobación de la Constitución. Traerá consigo normas competenciales para que las apliquen las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia plena en materia de vivienda.
La Ley por el Derecho a la Vivienda nace para articular el artículo 47 de la Constitución española (CE), que reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.
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